La respuesta, sabiendo que hoy en día constituye el 75% de los ingresos propios de las provincias, nos lleva a un NO, pero veamos un poco de qué se trata este tributo.
Es un impuesto provincial que data del año 1948 y que grava el “consumo” como manifestación de capacidad contributiva, integra el precio del producto y se traslada hacia adelante a las siguientes etapas de la cadena de producción y comercialización.
Básicamente grava ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste. Pareciera que nada queda fuera de su ámbito de imposición.
La cuestión neural son los problemas que ocasiona desde hace ya varias décadas:
- Efecto “piramidación” y “cascada” (Determinadas porciones del precio de un bien o servicio ya han sido impuestas en numerosas etapas anteriores, cuyo efecto final dependerá de la cantidad de ellas que hayan transitado)
- Su sesgo proimportador (para similar etapa de la actividad económica, los bienes producidos en el país ya contienen en su precio el impuesto acumulado de las etapas anteriores, mientras que los bienes importados ingresan al país libres de él)
- Su sesgo antiexportador (como el Impuesto va por dentro del precio, no puede conocerse la exacta incidencia del mismo en el precio del bien exportado)
Más críticas. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifiestan: “Estamos convencidos de que es un impuesto pésimo y tenemos que ponernos a trabajar para cambiarlo. Hasta ahora lo único que se logró es eximir en parte o totalmente a la actividad primaria pero lo demás no. Sistemáticamente las provincias aumentaron su alícuota de Ingresos Brutos. Encima, con los regímenes de retenciones y percepciones, hay provincias que tienen recaudados tres meses por adelantado. Hay saldos a favor que nunca vamos a recuperar. Eso no tendría que pasar en un país justo y federal.
Por su parte, el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial destacó que “La rentabilidad en sectores como la salud viene bajando y está en el orden del 1% o 2%. En ese contexto, Ingresos Brutos en Capital Federal es del 1,5% y en Provincia de Buenos Aires, del 5,5%, eliminando directamente la rentabilidad”.
Si bien existen voces oficiales en pos de la eliminación o sustitución de este gravamen por otro sin tantos efectos distorsivos, entendemos que todavía no están dadas las condiciones de acuerdo entre Nación y Provincias para lograr este reemplazo tan solicitado por las empresas argentinas.
